Los juicios

http://www.youtube.com/watch?v=GtToyMQUWwg "> El juicio en Estados Unidos El Estado español presentó el 16 de mayo de 2003 una demanda contra la sociedad de clasificación del barco, la American Bureau of Shipping (ABS), ante los tribunales estadounidenses —la sede de la empresa está en los Estados Unidos—, a la que se le exigía una indemnización de 1000 millones de euros. La empresa fue la que asignó el certificado de navegabilidad al buque, que se encontraba en unas condiciones negligentes e imprudentes —véase la sección «Causa del accidente» , y las revisiones del buque ni siquiera se habían hecho de acuerdo con las normas internas de ABS. La demanda fue desestimada en primera instancia y, tras el recurso, rechazada por el Tribunal de apelaciones del Segundo Circuito federal, en Nueva York, en agosto de 2012.La decisión de los jueces se basó en que la presunta negligencia e imprudencia de la empresa en las sucesivas revisiones técnicas del petrolero no se acreditaron suficientemente como la causa definitiva del accidente. "En nuestra opinión, España ha fracasado a la hora de aportar evidencias suficientes para suscitar una disputa genuina de material fáctico y demostrar que los demandados incumplieron su deber de manera imprudente, de forma que sus acciones constituyeron una causa directa del accidente". Este proceso en los tribunales estadounidenses le costó a España más de 30 millones de euros. El juicio en España Tras una instrucción que duró nueve años y en la que participaron directamente cinco jueces, el juicio se inició el 16 de octubre de 2012 en la Audiencia Provincial de La Coruña. En el banquillo de los acusados se sentaron:Los mandos del buque, el capitán Apostolos Mangouras , al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; a Ireneo Maloto, otro mando del buque en paradero desconocido acusados de desobediencia a las autoridades y delito ecológico. Al exdirector de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, le imputó la Audiencia Provincial de La Coruña, que consideró que había «indicios racionales de criminalidad» al ordenar que el petrolero pusiera rumbo mar adentro en ese estado y perdiendo fuel. Se consideró que dar esa orden con las condiciones meteorológicas tan malas que había fue «un error clamoroso», como parte de una gestión muy desacertada. Inicialmente hubo otros dos altos cargos imputados, Arsenio Fernández de Mesa, entonces delegado del Gobierno en Galicia, y Ángel del Real, capitán marítimo de La Coruña, pero fueron exculpados por la misma Audiencia Provincial en febrero de 2003. En octubre de 2010 la Fiscalía presentó el informe pericial definitivo, que elevó a 4442 millones de euros la indemnización exigible, correspondientes a los daños directos e indirectos de la marea negra, esto es, los daños de bienes e intereses privados y el impacto medioambiental sobre intereses públicos, de carácter más difuso. Hasta entonces, el informe provisional valoraba la indemnización en 2233,76 millones de euros:1974,54 millones de euros para el Estado español por los daños causados por la marea negra, 172,86 millones de euros para otras administraciones españolas (Comunidades autónomas y ayuntamientos), entidades y particulares de España y 86,36 millones para el Estado francés. A pesar de que se duplicaba la cifra, el Abogado del Estado manifestó su discrepancia con la cifra. Los daños ambientales que se tuvieron en cuenta fueron los más de 1600 kilómetros de costa española, desde la desembocadura del río Miño hasta a frontera con Francia, y los causados en la costa francesa, pues el Estado español asumió la representación de los intereses de Francia como acusación en el proceso. Fue el sumario de la mayor causa jamás instruida en España por delito medioambiental, y contaba con 230315 folios. El 'macrojuicio del Prestige', como se le denominó, tuvo que celebrarse en el recinto ferial de La Coruña debido a sus dimensiones: 2128 partes personadas, 204 declaraciones, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados, 21 procuradores y 3 jueces que celebraron 400 horas de juicio en 89 sesiones.